Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, y en concreto la Comunidad de Madrid, tiene previsto en sus legislaciones que en todas las promociones de protección pública se establecerá una reserva de viviendas para personas con discapacidad, pero lo que no tienen previsto es controlar el descontrol que existe en cuanto a las Viviendas de Protección de Precio Limitado (V.P.P.L.) de la Comunidad de Madrid.

En estas promociones ni el promotor inmobiliario encuentra a quién venderle las viviendas reservadas, ni las personas con discapacidad ni sus asociaciones se enteran de las viviendas que están reservadas.

No existe una oficina “responsable” de controlar, inspeccionar o sancionar que las reservas se realicen durante el periodo legal. El canal de comunicación entre las distintas Consejerías no funciona con la celeridad necesaria, y cuando llega a las asociaciones de discapacitados la información de las viviendas reservadas, los promotores cansados de esperar se han visto obligados a solicitar el fin de la reserva y la modificación del proyecto, y ya se lo han vendido a personas sin discapacidad.

Esto teniendo en cuenta que la promotora realmente efectúa la reserva, pues aquel que no lo haga, probablemente tampoco será sancionado, pues ni hay quién vigile, ni se puede acreditar, ni la persona discapacitada que vaya a una caseta a preguntar si existe alguna reserva, puede comprobar que la negativa sea cierta, ni en su caso, hay una oficina o departamento concreto ante el que denunciar o que tramite la denuncia.

Muchos promotores se sorprenden de que ninguna asociación o persona discapacitada le requiera información sobre los pisos, por lo que se ven obligados a solicitar y tramitar la modificación del proyecto, pasados los plazos legales (ningún promotor saca ningún beneficio por dejar de adecuar una vivienda), por lo que creo que no sería mala idea para estas promotoras -dado como está hoy el mercado- dirigir labores de venta activa hacia esas asociaciones, porque al parecer sí es cierto que hay bastantes personas discapacitadas esperando recibir información de viviendas -a través de sus asociaciones y desde la Comunidad de Madrid- que no llega.

Además a todo esto, hay que añadir el maremágnum legislativo, en el que en mi opinión se está aplicando por la Comunidad de Madrid para quitar las reservas de viviendas, una norma probablemente derogada, con la excusa de que no hay otra (sobre lo que no me extiendo por no aburrir con tecnicismos).

Creo que, como siempre y una vez más, no es cosa de malicia sino falta de medios.

Jose Luis Pérez Benítez