La semana pasada hemos podido leer en varios medios de comunicación que Bruselas investigará 250 urbanizaciones españolas sin suficiente agua. Un buen titular avalado por una institución de las “altas esferas”.

Pero los que trabajamos en primera linea de fuego, sabemos que este problema ya se ha manifestado y está siendo perseguido por otras instituciones con menos “glamour” pero con una capacidad sancionadora que ya la quisieran otros. Me estoy refiriendo a las Confederaciones Hidrográficas, que están inspeccionando todo tipo de alumbramiento ilegal de aguas subterráneas y vertidos fuera de los límites establecidos en las autorizaciones.

En el despacho ya estamos trabajando con este tipo de asuntos, y recomendamos que las urbanizaciones que utilicen este tipo de captación de aguas realicen una auditoría legal o due diligence de todas sus autorizaciones, puesto que muchas veces se tiene la tranquilidad de tener las autorizaciones pero de nada sirven si se superan los límites establecidos en las mismas.

Volviendo al asunto del principio del artículo, deberíamos plantearnos si Bruselas debe investigar a 250 urbanizaciones ó más bien a aquéllas instituciones que les concedieron las pertinentes licencias, porque realmente ese es el problema que va a haber de fondo, conflictos entre instituciones de ámbito autonómico, local y estatal que han hecho imposible una tramitación simple y lógica de los ámbitos urbanísticos.