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Nuestra opinión

La justicia censura la avidez recaudatoria de los municipios

(Articulo Publicado en Expansión)

Reproducimos aquí el artículo publicado por Expansión, ( 24-06-2011) redactado por Jose María López, que compartimos íntegramente y en el que hemos opinado:

 

Los ayuntamientos están utilizando de forma torticera las multas coercitivas con el objetivo de financiarse y no con el espíritu de que se cumpla con la legalidad urbanística. Sin embargo, la Justicia está poniendo límites a este poder administrativo y considera que las multas se tienen que rebajar, al menos hasta un 50%.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha ha establecido que la base para calcular el importe de las sanciones tiene que ser el 10% del valor de la obra reflejado en la correspondiente licencia. No valen, por tanto, los informes del arquitecto municipal que aglutinen en el cálculo las obras de demolición, rehabilitación y obra nueva.

Lo interesante de esta sentencia (Rº 137/2010, de 11 de abril) es que si bien es posible que el correspondiente ayuntamiento tenga razón en imponer la sanción en un caso concreto, lo cierto es que se les limita su poder sancionador al rebajar las multas. Todo ello en un contexto en el que, según los expertos, las multas se están empleando para buscar financiación de forma desesperada.

En el caso analizado por la sentencia, el ayuntamiento impuso varias multas coercitivas por haber incumplido la orden de derribar una actuación urbanística ilegal. El consistorio las impuso porque “la ejecución de la obra continuaba a pesar de los múltiples requerimientos”.

Cuantías elevadas
La sentencia cree que las sanciones fueron correctamente impuestas, pero las rebaja, ya que deben ascender sólo al 10% del valor la obra atendiendo al importe reflejado en la licencia otorgada en el expediente de legalización de las obras.

Según explica José Luis Pérez Benítez, socio de Manga Abogados y especialista en Derecho Urbanístico, a EXPANSIÓN, “el Tribunal Superior de Justicia modifica una multa coercitiva a un particular que no tiró una construcción ilegal; le rebaja la cuantía de la multa considerando que el Ayuntamiento se excedió, pero no anula las multas coercitivas”.

Pérez Benítez explica que esta circunstancia “está sucediendo mucho ahora, y aunque la ley lo permite, es un escándalo. Las multas coercitivas están pensadas para que se cumpla la legalidad, pero muchos ayuntamientos están ahora “acribillando” a los particulares, cosa que antes no hacían, para obtener financiación”. Este experto precisa que “los tribunales no pueden anular las sanciones, porque son legales, y en ocasiones lo que están haciendo es rebajar el importe”.

 

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