Los ayuntamientos están utilizando de forma torticera las multas coercitivas con el objetivo de financiarse y no con el espíritu de que se cumpla con la legalidad urbanística. Sin embargo, la Justicia está poniendo límites.

Numerosos procedimientos sancionadores y de infracción urbanística que diversos Ayuntamientos están incoando contra Comunidades de Propietarios por cerramientos de cubiertas o terrazas o por obras en las fachadas del edificio que en la mayoría de ocasiones suelen ser realizados por vecinos en su propio beneficio

Una vez más los Tribunales están a vueltas, con la posibilidad o no de reclamar en los juzgados civiles las cuotas impagadas a los propietarios de una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (E.U.C.C.), en contra de los que opinan que hay que ir a los juzgados Contencioso-Administrativos, o bien sólo a la vía de apremio municipal.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia considera la Ordenanza, por un lado de inconstitucional, debido a que el administrado debe recurrir la denegación de la licencia en primer lugar ante la ECLU, luego ante la Administración y finalmente, ante los Tribunales.

Independientemente de la distinta normativa autónomica en materia urbanística, es constante, y de todos es sabido, que entre las principales obligaciones de contenido urbanístico, a la hora del desarrollo, es la realización de las cesiones que para viales, infraestructuras, etc. se imponen a los propietarios de suelo.

No vamos a entrar a debatir sobre los diversos tipos de suelo, su nomenclatura o tipología, sino dar por hecho que en aquellos ámbitos en los que hay que realizar cesiones, entre éstas se encuentran la de ceder al Ayuntamiento que corresponda el suelo necesario para el establecimiento de viales (otro cantar, será su obligación de conservación)