Partiendo de que muchas empresas, y en especial la citada, son verdaderas abanderadas en la protección del medio ambiente, en las políticas de sostenibilidad y en el cumplimiento normativo, se puede afirmar que  proteger el medio ambiente tiene un coste, y muchas veces un coste muy alto para cualquier empresa.

Para hacerse una idea del problema basta decir que hoy el marco legal en España, se acerca a 14.000 disposiciones normativas que afectan al medio ambiente y al urbanismo.

Tema aparte, como hoy se ha dicho, sería saber si en este materia sigue rigiendo aquello de “que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento…”

Por cierto, como también se ha señalado hoy, con un reglamento más (por ejemplo el que está al caer de responsabilidad civil medio ambiental) podríamos llegar a las 14001, cómo la ISO :-)

(el chascarrillo no es mío, es copiado).

En fin, que podemos comprender que no es fácil, ni barato, cumplir con esta normativa, y toda empresa debe tener en cuenta y contabilizar entre sus costes, los costes medio-ambientales, o por lo menos conocer lo que se está “ahorrando” (entre comillas) por incumplir, eludir o no conocer sus obligaciones (ésto último por lo menos para compararlo con las posibles sanciones, que sin duda acabarán llegando).

Pues bien, entre los costes directos o indirectos podríamos incluir, a título de ejemplo:

• los costes (tiempo y medios) de recopilar toda la información -a veces histórica- necesaria, para por ejemplo licencias o permisos.
• estudios de campo o de tratamiento en materia de aguas
• Elaboración del Estudio de impacto medio ambiental (cuando haga falta)
• Preparación de documentación
• Costes de Dirección de Proyectos o de contratar una Consultora Externa a la empresa
• Reuniones inteminables con la Administración (es) involucradas
• Tasas, impuestos.
• Más documentación, más permisos.
• Horas (y su coste) de asesorías jurídicas internas o despachos externos
• Informes
• Visados
• Posible responsabilidad civil ILIMITADA
• Criterios administrativos variados (multitud de administraciones, autonómicas, locales…)
• Seguros
• Más Informes,
• Más reuniones
• Más documentos
• y por último los desvelos y las canas que produce el silencio administrativo negativo.

Todo eso, por cada norma que ya exista, o por cada “ocurrencia” del legislador (incluido Pleno municipal) de turno.

En Manga Abogados estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y con el cumplimiento de la norma y el futuro de las empresas sostenibles, pero también con un marco normativo claro, y no cambiante que preste seguridad jurídica; desde luego NO con la producción normativa “ad hoc” en materia medio ambiental ni con la proliferación de reglamentos y más reglamentos.

Se podrá decir que los Costes no son tan altos, o que las empresas se aguenten y los paguen que para eso contaminan. También se podrá decir que todo gasto es poco para la protección medioambiental. Yo con ésto también estoy de acuerdo, pero me pregunto ¿quién realmente paga ese coste?

De verdad, podemos creer que lo paga la empresa, o que tarde o temprano lo intentará repercutir en sus ventas, a (¡vaya que gracia!) los ciudadanos, clientes o consumidores…

Está muy bien que el legislador legisle, y cada vez sea más estricto, y que además muchos “azuzen” o hagan “los coros” pero por favor que piensen un momento QUIÉN VA A PAGAR LA FIESTA.

Es lo que yo opino, y me temo que muchos Directores Generales… ¿vosotros también?

Pero los que trabajamos en primera linea de fuego, sabemos que este problema ya se ha manifestado y está siendo perseguido por otras instituciones con menos “glamour” pero con una capacidad sancionadora que ya la quisieran otros. Me estoy refiriendo a las Confederaciones Hidrográficas, que están inspeccionando todo tipo de alumbramiento ilegal de aguas subterráneas y vertidos fuera de los límites establecidos en las autorizaciones.

En el despacho ya estamos trabajando con este tipo de asuntos, y recomendamos que las urbanizaciones que utilicen este tipo de captación de aguas realicen una auditoría legal o due diligence de todas sus autorizaciones, puesto que muchas veces se tiene la tranquilidad de tener las autorizaciones pero de nada sirven si se superan los límites establecidos en las mismas.

Volviendo al asunto del principio del artículo, deberíamos plantearnos si Bruselas debe investigar a 250 urbanizaciones ó más bien a aquéllas instituciones que les concedieron las pertinentes licencias, porque realmente ese es el problema que va a haber de fondo, conflictos entre instituciones de ámbito autonómico, local y estatal que han hecho imposible una tramitación simple y lógica de los ámbitos urbanísticos.