Son muchísimos los casos en los que los particulares han realizado obras de cerramiento, pérgolas, etc. sin contar con la autorización de la Comunidad de Propietarios y sin haber solicitado la licencia de obras ante el ayuntamiento.

Los ayuntamientos están utilizando de forma torticera las multas coercitivas con el objetivo de financiarse y no con el espíritu de que se cumpla con la legalidad urbanística. Sin embargo, la Justicia está poniendo límites.

Hoy en día hay miles de construcciones ilegales por toda España, lo que supone un gran número de expedientes de legalización abiertos y una ardua labor para la administración. Pero, ¿por qué tantos expedientes de disciplina urbanística? La causa principal es que el administrado no ha solicitado la licencia correspondiente. La función de la licencia urbanística, ya sea de actividad, obras o usos del suelo, es una labor preventiva que lleva a cabo la administración, por medio de la cuál se declara el derecho del interesado a llevar a cabo la operación o actividad de que se trate, con el contenido y alcance fijado en cada caso por la normativa.

Cuando una comunidad de propietarios acuerda en sus estatutos permitir el cerramiento de terrazas o de áticos para así ganar algo más de espacio, o cuando las terrazas tienen la suficiente superficie para hacer una nueva estancia, los propietarios no cuentan con que el Ayuntamiento debe aprobar dichas obras para no encontrarse posteriormente con la desagradable sorpresa de un expediente de disciplina urbanística originado por la ilegalidad de sus obras. Dicha ilegalidad puede conllevar una sanción y la demolición de las obras a costa del interesado.