Informe 2011 Entidades Urbanísticas Conservación

Presentamos el Informe 2011, de situación de las Entidades Urbanísticas. Este estudio se ha realizado a través de los datos de unaEncuesta Pública vía web en la que han participado, más de 200 entidades, urbanizaciones, polígonos, presidentes, vecinos y también secretarios municipales y concejales. -No se trata de un estudio rigurosamente científico ni demoscópico, tan solo un pulso de las preocupaciones comunes actuales de las EUCC.

La Entidad Urbanística responde de los accidentes

Las entidades urbanísticas de conservación responden por los daños que se produzcan por el mal estado de las instalaciones que están obligadas a mantener, como los viales, aceras, calles, etcétera. En estos casos no responde el Ayuntamiento.

Edificar sobre calles Públicas

Independientemente de la distinta normativa autónomica en materia urbanística, es constante, y de todos es sabido, que entre las principales obligaciones de contenido urbanístico, a la hora del desarrollo, es la realización de las cesiones que para viales, infraestructuras, etc. se imponen a los propietarios de suelo.

No vamos a entrar a debatir sobre los diversos tipos de suelo, su nomenclatura o tipología, sino dar por hecho que en aquellos ámbitos en los que hay que realizar cesiones, entre éstas se encuentran la de ceder al Ayuntamiento que corresponda el suelo necesario para el establecimiento de viales (otro cantar, será su obligación de conservación)

Las demoliciones de los cerramientos de terrazas y áticos, ¿se ejecutan realmente?

Hoy en día hay miles de construcciones ilegales por toda España, lo que supone un gran número de expedientes de legalización abiertos y una ardua labor para la administración. Pero, ¿por qué tantos expedientes de disciplina urbanística? La causa principal es que el administrado no ha solicitado la licencia correspondiente. La función de la licencia urbanística, ya sea de actividad, obras o usos del suelo, es una labor preventiva que lleva a cabo la administración, por medio de la cuál se declara el derecho del interesado a llevar a cabo la operación o actividad de que se trate, con el contenido y alcance fijado en cada caso por la normativa.